Bien podría ser el titulo de una película o una novela, pero de hecho la realidad indica que lo que esta sucediendo en la provincia con la Empresa Aguas Provinciales de Santa Fe (o mejor dicho, con el suministro de agua potable y tratamiento de efluentes cloacales) se asemeja a una comedia en la cual usted, yo, y todos los ciudadanos que estamos cautivos del mal servicio que presta y presto esta empresa en 15 localidades de Santa Fe durante los 10 años que duró la concesión y hoy somos actores inconsultos del acto final de una privatización mal realizada por el Gobierno del hoy Senador Carlos Alberto Reutemann, mal controlada por el organismo fiscalizador y de control creado para tal fin , el ENRESS, y pareciera ser como pintan los acontecimientos , que el final no desentonara con lo sucedido durante estos años.

Repasemos un poco la historia.El servicio de aguas y cloacas lo venía prestando hasta el año 1995 la ex DIPOS , empresa controlada por el estado santafesino, La política implementada por el Gobernador Reuteman fue, en todos los ámbitos, en la misma línea que la ejecutada por el menemismo.
La ley 11.220 de privatización de la DIPOS, impulsada cuando terminaba su primera administración en Santa Fe es, una perlita más de la entrega de empresas públicas de recursos esenciales y estratégicos. No sólo no había sido debatido previamente con los auténticos propietarios de este servicio básico –la población santafesina- , ni tampoco consultados los ciudadanos de las 15 localidades a privatizar; sino además se entregó a título gratuito toda la infraestructura existente con su correspondiente despido de personal.
En estas localidades el sistema estaba funcionando con cañerías, redes, bombas, acueductos, plantas de tratamiento de aguas y depuración de cloacas, sistemas de control y medición, laboratorios, departamentos de comercialización, personal técnico y administrativo, etc., todo un patrimonio acumulado por generaciones de argentinos y santafesinos. Este formidable capital humano, técnico y económico instalado y funcionando fue entregado en concesión por 30 años sin pago o alquiler alguno: servicio monopólico, población cautiva y riesgo empresario nulo.
Se transfirió a la empresa francesa que se adueñó del servicio de agua potable y saneamiento en las 15 localidades santafesinas el privilegio de disponer a priori el derecho de propiedad privada del usuario. Antes de escriturarse una propiedad, debemos solicitar certificado de libre deuda. Es decir a ésta empresa extranjera, se le otorgó el privilegio del proceso sumario de ejecución fiscal, que posibilita el remate de propiedades, facultad que no tienen las empresas de gas o telefonía.
Otro privilegio es el sistema de facturación por superficie cubierta (en lugar de micromedición) como tienen Telecom y Litoral Gas; transformándose así en un segundo Impuesto Inmobiliario para los santafesinos.
Transcurridos solamente 18 meses de la firma de la concesión, durante la primera gestión del Ing. Jorge Obeid, se renegoció el contrato, proceso que se extendió por dos años, aprovechando la empresa para la paralización de las obras. La renegociación no sólo aceptó los graves incumplimientos de la empresa francesa, sino que autorizó aumentos del 13,85% más la confiscación de la reducción del 4% de los aportes patronales, que debió haberse traducido en rebaja tarifaría. Todo esto fue realizado con el silencio o complicidad del Ente Regulador ENRESS, organismo cuyos directores nombra discrecionalmente el Poder Ejecutivo Provincial con la anuencia de la oposición...
Aunque la Constitución Nacional –Art. 42- explicita “...La necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios...” fueron necesarias presentaciones judiciales para intentar su aplicación, y hasta la fecha sólo resultaron formalidades y zancadillas que postergan una y otra vez la participación “sólo” en un Consejo Consultivo “no vinculante” del ENRESS.
No habían pasado siquiera ocho meses desde el cierre de la primera renegociación, que el Gobernador entrante, su segundo mandato, Carlos A. Reuteman abriera informalmente la segunda renegociación (11.12.99). Pirueta más o menos, la modificación tarifaría resucitó otra vez, y si bien el Sr. Gobernador la justificaría expresando que se trataba del costo de solamente un café ($1); la realidad es que para la empresa francesa Lyonnaise des Eaux propietaria de Aguas Provinciales de Santa Fe SA., representaba $ 1.200.000 por bimestre, en un año más de $ 7.000.000 y en lo que restaba todavía del plazo de concesión $ 180.000.000. Todo por un café...
Esta grosera propuesta fue frenada por la fuerte oposición de la opinión pública, aunque dio paso a la formal segunda renegociación, por decreto 1691 del 14.06.00, que le volvió a otorgar a la empresa un paraguas para reiterados nuevos incumplimientos: “... Facultase al Ministerio de Obras Servicios Públicos y Vivienda para que, de común acuerdo con el Concesionario Aguas Provinciales de Santa Fe SA., proceda a acordar la suspensión de metas y objetivos contractuales...” – Art.5, decreto 1691.00.
En síntesis, si no resultaba viable un nuevo tarifazo, la vía indirecta era blanquear los incumplimientos contractuales y paralizar nuevamente obras también comprometidas. Además la empresa no renunciaba a los aumentos de tarifas, sino que pretendía acumularlos en enero del 2005.
La segunda renegociación no llegó a concretarse más allá de acuerdo parciales, aunque fue el preludio de la tercera renegociación en la que la empresa francesa venia por más: Aumento tarifario del 40%
Seguro de cambio por modificación monetaria
Paralización y postergación de obras comprometidas
Extensión del plazo de concesión
Mayor tolerancia en la calidad del agua.

Reparación en calle Santa Fe 3520. Frente a la Terminal de ómnibus Mariano Moreno.
La entrega de la empresa pública santafecina DIPOS se realizó siguiendo al pie de la letra la concepción ideológica nacional de jibarización del Estado, con la obediencia debida del oficialismo en la Legislatura Provincial, la dirigencia gremial y la mayoría de los concentrados medios de comunicación; cuando y simultáneamente las privatizaciones de aguas y saneamiento –escasas por cierto- eran ya seriamente cuestionadas en el resto del mundo. Sintéticamente, a pesar de la complejidad del tema, podemos decir:

• Se privatizó una empresa pública vital, que no era siquiera deficitaria.
• Se imposibilitó ofertas de la economía social que presta el servicio en más de 340 localidades santafecinas.
• A diez años de concesión lleva cumplido solamente un año de obras comprometidas.
• Se concesionó por 30 años sin canon alguno.
.Si existiera el insignificante canon que la misma empresa abona en Córdoba, los santafesinos hubiéramos cobrado 1.200 millones de pesos durante la concesión.
.El ENRESS es inexistente para la defensa de los usuarios santafecinos.
.Los usuarios y consumidores son convidados de piedra a pesar de la Constitución Nacional.
.El agua como patrimonio común no debe ser motivo de lucro.
.Para asegurar el acceso universal al agua debemos transformarla en un derecho humano.
•Es posible seguir el ejemplo de los tucumanos “...Vuelvan a su país...”le exigieron a la empresa extranjera, logrando que el servicio retorne al sector público, que es su verdadero y único espacio de gestión
El Gobernador Jorge Obeid ordenó ejecutar las garantías depositadas por la Empresa APSF, que ascienden a más de 60 millones de pesos, según informó el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly. Pese a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo provincial, el contrato de concesión y el prestador (Aguas Provinciales y su principal accionista, el grupo francés Suez) "seguían vigentes".
El presidente de Aguas Provinciales, Alberto Gregorini, solicitó a Hammerly la ampliación de los plazos para negociar la salida de Suez, hasta tanto se celebrara la asamblea de accionistas de la firma.
En esa oportunidad, Gregorini presentó al funcionario el contrato de compra venta entre Suez y Emgasud, empresa de capitales argentinos que pretende quedarse con el 77 % del paquete accionario, hoy en manos del grupo francés.
Sin embargo, ayer el gobierno resolvió ejecutar los fondos depositados como garantías, unos 62 millones de pesos que cambiarán de cuentas en las entidades bancarias y dejarán de estar a nombre de Aguas Provinciales para pasar a ser parte de los activos santafesinos.
Según manifestó Hammerly en declaraciones formuladas a la prensa, se tomó la decisión de comunicar formalmente a los bancos que el plazo establecido en el acta de espera "se ha agotado".
El funcionario indicó que anteayer por la tarde recibió en su despacho una nota en la que formalmente Aguas Provinciales pedía le fueran extendidos los plazos vigentes hasta el 15 del corriente mes.
El titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos dijo no haber accedido al pedido porque la proforma que había propuesto Aguas no tenía el mismo contenido que el que se había pautado, y afirmó que, cuando se le advirtió a los directivos de la firma, consideraron que ya era imposible tomar contacto con las autoridades de Suez para modificarla.
De todas maneras, aclaró que, aún al pasar los fondos de la garantía a manos de la provincia, "siguen vigentes el contrato y la concesión" del servicio en Santa Fe.
"Hoy el contrato sigue vigente, el prestador y el operador es Aguas Provinciales de Santa Fe y Suez, tal cual fue otorgado en su momento, y tiene que cumplir con todas las exigencias contractuales con las que se comprometió", remarcó Hammerly.
En ese sentido, consideró que esta decisión no es un obstáculo para un eventual acuerdo entre privados, como las negociaciones entre Suez y Emgasud, y que tampoco esta situación cambiaría la forma en que la provincia evalúe -si hay acuerdo de empresas- a un posible nuevo prestador.
Sin embargo la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe comunicó hace unos días atrás la rescisión del contrato de concesión del servicio y responsabilizó por la decisión al gobierno santafesino.
En tanto, voceros del Ejecutivo provincial rechazaron los argumentos de la empresa, consideraron que la extinción del vínculo es "por absoluta culpa del concesionario"
"Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. manifiesta que al no haber podido encontrar un acuerdo con la provincia respecto de la recomposición del contrato, y por los derechos que la asisten, en el día de la fecha su directorio se ha visto obligado a declarar la rescisión contractual por culpa del concedente", indicó la gerencia de Relaciones Públicas desde la ciudad de Rosario.
El texto agrega que se le solicitará "al Concedente la recepción provisoria de los bienes y el servicio en un plazo máximo de 90 días" y señala que "el objetivo de APSF y sus accionistas es seguir las tratativas con la provincia para coordinar una salida ordenada que garantice la continuidad y calidad de los servicios".
Tras ser notificado de la decisión, el gobernador Jorge Obeid se reunió con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, quien adelantó que "el gobierno no puede aceptar bajo ningún aspecto que la rescisión vaya a producirse por culpa del concedente, sino lo contrario: la culpa es del concesionario", enfatizó.
En declaraciones a Télam, Hammerly se mostró conforme con el plazo de 90 días para el proceso de transición y adelantó que el gobierno "ejecutará la garantía".
"Los 90 días de plazo para la recepción de los bienes y el servicio es lo que establece el contrato y nos permite garantizar la normal continuidad del servicio, por lo que aprovecho para brindarle tranquilidad a la gente", expresó el ministro.
Respecto de los pasos a seguir, Hammerly adelantó que "la situación se resolverá en los próximos días, ya que el gobierno llevará a cabo las acciones necesarias para demostrar que la rescisión es voluntad de la empresa y no culpa del concedente".
"Tenemos el expediente con los dictámenes del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios), del área jurídica del Ministerio y de la Fiscalía de Estado. En los próximos días analizaremos con el gobernador la figura a utilizar pasados los tres meses, porque hay varias posibilidades", agregó.
Suez controla el 51,69 por ciento del capital de Aguas provinciales, que comparte con el Banco Galicia, con 12,5; Aguas de Barcelona, con 10,89 por ciento; los trabajadores, con 10 por ciento del PPP, e Interagua, Servicios Integrales del Agua SA, que tiene el 14,92 por ciento.

Pozo abierto en José Ingenieros y Avellaneda.
Lo cierto y lo concreto es que APSF se retira de la concesión a más tardar en Noviembre, sin haber cumplido casi nada de lo que se había comprometido en el Contrato de concesión.
A partir del retiro de la empresa, el Gobierno de la Provincia debe elegir que acción va a llevar a cabo con la misma. Existen 3 opciones en el horizonte :a) Reprivatizar la empresa, b) Reestatizarla , es decir volver a la antigua Dipos y c) existen ofertas de Municipalizar el servicio de aguas , como lo solicito el Intendente de Rosario , Ingeniero Miguel Lifschitz.
Quisimos comunicarnos con el Ingeniero Alberto Joaquín, Ministro de Asuntos Hídricos de la provincia para realizarle algunas preguntas sobre la problemática que acabamos de describir y que nos diera su opinión respecto al futuro del agua para los santafesinos, pero no pudimos establecer contacto con él.
Por lo pronto el gobernador Jorge Obeid anuncio la ejecución de obras de tendido de ramales de aguas y de cloacas por un monto aproximado a los 750 millones de pesos, 500 aportados por un fondo Fiduciario y 250 de las arcas del tesoro de la provincia (es decir lo pagamos usted y yo)
Además existe la posibilidad que la provincia deba enfrentar un juicio millonario, se habla de 150 millones de dólares que realizaría la empresa Suez contra la provincia ( ¿ quiere que le cuente quien pagaría ese juicio si se pierde? , mejor no , adivínelo usted )
Lo cierto y lo concreto es que mientras nuestros gobernantes y funcionarios siguen jugando a la campaña electoral, señor, señora sabe Dios que agua habremos de beber.

Fuentes: Telam.
Clarín.com
La Fogata.org
RosarioNet.com
Infobae.com