El acceso a la libre información sigue siendo un tema de especial cuidado. Sobre todo porque tiene connotaciones democráticas, y democracia es una palabra fuerte y de mucho peso, no debe ser tomada a la ligera....bueno, no debería. En Argentina, es sabido que la democracia ha sido siempre maltratada. Estos últimos días dos hechos reflejaron lo poco que importa, al menos a un sector de la sociedad política.
El primero, es el reciente reclamo de la prensa santafesina al libre acceso a la información, que vimos anteriormente (ver nota). El segundo, del que nos ocuparemos ahora, es la intención de algunos senadores kirchneristas de extender el veto a ciertas informaciones.
La polémica comenzó a mediados de septiembre cuando cuatro senadores allegados al gobierno de Néstor Kirchner presentaron un proyecto de ley que amplía los secretos de Estado. Concretamente, da poderes para ocultar información a al jefe de Gabinete, el ministro del Interior, la Cancillería, el Congreso y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura). En la actualidad, quienes poseen esas facultades son sólo el ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La “Ley de secretos oficiales”, tal como la denomina el proyecto, establece que será secreto aquello que pueda dañar las relaciones internacionales, la defensa nacional y la seguridad interior. El plazo mínimo de confidencialidad es de diez años.
Tal vez la peor falla de este proyecto -además de cercenar la información pública- es que estos tres puntos bajo los que se pretende clasificar datos, son realmente muy ambiguos. Es decir, esos criterios son muy generales, y realmente no aclaran cómo y por qué cierta información no llegará a las manos de la sociedad.
Los cuatro impulsores del proyecto son María Pérceval, Miguel Pichetto, Mario Daniele y Diana Conti.
Las primeras reacciones en la oposición vinieron por parte de Elisa Carrió y Ricardo López Murphy. Mario Losada, Patricia Bullrich y Alberto Natale se sumaron a la lista. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también se opuso tajantemente a la iniciativa.
Alberto y Aníbal Fernández, dos de los hombres fuertes de Kirchner, salieron a desmentir cualquier vínculo con esta ley y negaron tener conocimientos sobre la iniciativa. En declaraciones a Clarín, el jefe de Gabinete afirmó que “ni siquiera están trabajando en el tema”.
Dos lecturas pueden hacerse de este rotundo alejamiento del gobierno hacia el polémico proyecto. Una, que la administración Kirchner no contaba con que el tema viera la luz (Clarín dio a conocer el proyecto una semana después de ser presentado en Senadores) y ante la avalancha opositora de quejas y una posible mancha en la gestión nacional en plena campaña, hayan decidido la negación. La otra lectura, es que verdaderamente el gobierno no sabía nada.
Una semana pasó repleta de quejas, acusaciones, desmentidas, especulaciones, y en el medio de todo, un atentado contra la democracia y la libre prensa que por ahora se encuentra en suspenso. Es que Pichetto (acompañado de Alberto Fernández) anunció en rueda de prensa la decisión de congelar el asunto.

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